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El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos. Este derecho se cumpliría mejor si las familias contarán con una especie de ‘cheque’ con el que pudieran elegir el centro que desean para sus hijos. Navarra durante la transición y el Ayuntamiento de Valencia ahora podrían ser el embrión de una fórmula que respete mejor la libertad de los padres.
ÉPOCA .- La filosofía estatalista afirma que la enseñanza concertada debe de ser subsidiaria de la pública. Los centros de iniciativa social deben de llegar allá donde no llegue la administración. Una posición totalitaria que hasta ahora sólo se había manifestado en privado por parte de algunos representantes educativos de las comunidades socialistas. El salto cualitativo se produce cuando el secretario de Estado de Educación, Alejandro Triana, la verbaliza en público. Por supuesto, las declaraciones de Triana han provocado el rechazo de CONCAPA, Foro Español de la Familia, Instituto de Política Familiar, HazteOir y de la Unión Sindical Obrera.
Triana revela con sus declaraciones una preocupante desconfianza en la sociedad. Los centros de iniciativa social han demostrado tener más demanda que los centros estatales, son más baratos para el contribuyente y en media, ofrecen una mejor calidad de la enseñanza. Según datos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, una plaza en un centro concertado cuesta al contribuyente 2.650 euros/año mientras que el coste de la plaza en centro estatal asciende a 3.600 euros/año. Y la diferencia es muy superior en otras CCAA.
Sin embargo, el gobierno sigue observando con cierto recelo el sistema de conciertos educativos. Sus centros no gozan de libertad para la elección de alumnos, tampoco en la selección del profesorado, cuyos salarios son pagados directamente por la consejería de Educación. Y por supuesto, los contenidos educativos son supervisados por la autoridad educativa.
La LOE sin embargo rescata la figura de los ‘convenios’, una figura que había sido eliminada en la ‘non nata’ LOCE y que permite a la administración ‘conveniar’ un modelo educativo para el que ofrece fondos con muchas menos intervención. El modelo está previsto para que las comunidades islámicas y judías puedan garantizar una educación conforme a su religión. Y es que el artículo 27.2 de la Constitución española garantiza el “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. “Nosotros los católicos sólo pedimos tener los mismos derechos que los musulmanes y los judíos. Ya sé que somos una religión minoritaria, pero al menos exigimos un trato igualitario. Yo lo tengo pedido, pero de momento, parece que se resisten”, señala el director del Monte Tabor, Juan Antonio Perteguer.
¿Por qué todos los gobiernos terminan apostando por una educación cara y de poca calidad? “Es una coalición de intereses político económicos”, señala a EPOCA el catedrático Pedro Swartz, quien apunta a las reticencias ideológicas y a la presión de los maestros de escuela pública y de los dueños de los colegios concertados. Perteguer lo tiene claro: “Para la izquierda resulta un instrumento buenísimo para el adoctrinamiento; y la derecha tiene miedo de los sindicatos, de la prensa y de los grupos de poder”. Y es que la izquierda siempre ha defendido el axioma de “dinero público para la empresa pública”, señala Juan Andrés Fiordia, director de Educación de la Diputación de Navarra de 1972 a 1980 y primer político en implantar las ayudas directas a las familias en lugar de al centro. “Lo pusimos en bachillerato, porque en EGB ya existía apoyo en el régimen general”, explica Fiordia a esta revista.
Cheque escolar
Frente al intervencionismo, libertad. El cheque escolar ofrece libertad a los padres para elegir el modelo educativo que desean para sus hijos mediante la transferencia de la cantidad que corresponde a sus hijos al centro que ellos elijan, sea público o de iniciativa social, o bien la desgravación en el IRPF. “Con la Constitución en la mano, quien tiene derecho a la subvención no son los centros, sino los alumnos”, defiende Fiordia. “Es posible, sólo hace falta superar las reticencias de los poderes públicos”, afirma José Castro portavoz de la plataforma chequeescolar.org, una plataforma que ya ha recibido el apoyo del catedrático Carlos Rodríguez Braun y del presidente de la Fundación San Pablo CEU, Alfonso Coronel de Palma.
No se trata de un invento español, sino de una propuesta formulada por el premio Nóbel de Economía, Milton Friedman. El modelo ya funciona con éxito en varios países como Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Chile o Nueva Zelanda. En el caso de Suecia, el cheque escolar se implantó en 1992 con un gobierno liberal, aunque los gobiernos socialdemócratas lo han mantenido. Desde entonces, 110.000 alumnos han podido estudiar en las 800 escuelas no municipales subvencionadas con el 85% del coste de una escuela pública. El 52% de las mismas son sociedades anónimas con ánimo de lucro a pesar de tener los precios tasados. No obstante, el lucro en la educación es más bien discutible. “Los bancos tienen todo tipo de negocios, pero nunca han entrado en el negocio educativo”, apunta con sorna Fiordia.
“El objetivo es que cualquier persona con independencia de su nivel de renta pueda enviar a su hijo al centro que prefiera, es una herramienta a favor de la equidad y de la libertad en el que los más beneficiados serían aquellos con rentas más bajas”, señala el portavoz de la plataforma chequeescolar.org, José Castro, que trata de sembrar una concienciación social y política a favor de la libertad educativa
Adopción espiritual