La plataforma Derecho a Vivir se manifiesta frente al Congreso de los Diputados. D.V.

Rafael Cobo

Entiendo que sólo hay una solución progresista y humana en materia de aborto: proteger siempre al no nacido como a cualquier otro ser humano y proteger siempre a la mujer para que nunca se vea abocada al aborto como única salida a los problemas derivados del embarazo”. Así de contundente se mostró Benigno Blanco ayer en su comparecencia ante la subcomisión parlamentaria que está llamada a informar al Congreso de los Diputados sobre una posible modificación de la legislación del aborto.
 
El presidente del Foro Español  de la Familia afirmó ante los diputados que “cualquier enfoque legal o político que olvide al niño que en virtud del aborto no llega a nacer o que olvide el problema que para algunas embarazadas puede suponer un embarazo imprevisto, dará lugar a situaciones injustas e incompatibles con el equilibrio de derechos y bienes que el humanismo exige en esta cuestión”.
 
Tras la primera sesión, la diputada popular, Sandra Moneo, se mostró optimista sobre un denominador común de todos los participantes ante la subcomisión parlamentaria. “Todos hemos coincidido en que el aborto no es solución para la mujer, que hacen falta medidas de apoyo a la mujer, y en que las administraciones no hacen lo suficiente”.
 
Contradicciones
Moneo mostró, además, su sorpresa por las contradicciones de algunas de las comparecientes que, como María Luisa Soleto, de la Fundación Mujeres, “considera que el aborto no es bueno para las mujeres, pero a la vez piden que ese mismo mal, sea considerado un derecho de la mujer”.
 
Soleto, que compareció a propuesta del PSOE, planteó a la subcomisión sacar el aborto del Código Penal para garantizar el “derecho de las mujeres a decidir”. “El aborto es un elemento de garantía, no debe ser un delito despenalizado sino que tiene que estar íntimamente relacionado con los derechos sexuales y reproductivos”, informa Ep.
 
En la misma línea, la representante de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, Justa Montero, compareciente a propuesta de ERC-IU-ICV, pidió “un cambio urgente porque la actual normativa genera inseguridad jurídica” a las mujeres que abortan y a los profesionales sanitarios que las atienden, y “no garantiza” que se puedan practicar abortos en los hospitales públicos.
 
Benigno Blanco introdujo en  los trabajos de la subcomisión parlamentaria la relación entre aborto y violencia doméstica. “La despenalización del aborto, dijo Blanco a los diputados, es una solución machista que, a costa de la mujer, hace al hombre irresponsable de su conducta sexual y sus consecuencias. Ahora sólo la mujer paga el precio de lo imprevisto: si aborta, lo hace por que ella lo decide; y si no aborta, porque fue decisión suya “tenerlo”.
 
En la vida real, añadió, la posibilidad legal del aborto se ha convertido en una forma de “violencia de género”, de chantaje a la mujer en las relaciones de pareja. Así, el aborto siempre tiene dos víctimas: el niño que no llega a nacer y la mujer. Desearía que esta Subcomisión analice la documentación científica disponible sobre el “síndrome post-aborto”, esa lacerante repercusión sicológica que tiene para la mujer con mucha frecuencia el aborto a que la condena una legislación como la vigente en un contexto de explotación de género”.
 
El martes que viene la subcomsión parlamentaria escuchará a tres de los juristas propuestos por los diferentes grupos. Podrían ser Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal (PP), Tomás Salvador Vives, catedrático de Derecho Penal (PSOE) y Mercedes García, catedrática de Derecho Penal (IU).