S?bado, 19 de noviembre de 2005

Manifiesto de organizaciones educativas, sindicatos y confederaciones de padres de alumnos


Diez organizaciones educativas (1) acaban de presentar un documento titulado "El derecho de los padres a elegir la educaci?n en libertad", donde se recuerdan los fundamentos del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. El documento analiza este derecho fundamental, sobre la base del art?culo 27 de la Constituci?n espa?ola y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; el papel de los poderes p?blicos y la necesidad del pluralismo de la oferta educativa. Ofrecemos un resumen.


Todos tienen derecho a la educaci?n: primero, en el ?mbito primario de la familia, donde los hijos aprenden a querer y respetar a los dem?s y donde asimilan los h?bitos c?vicos fundamentales; despu?s, en el sistema educativo que, en sus niveles b?sicos, debe beneficiar a todos los ciudadanos, en libertad y en igualdad.

El derecho a la educaci?n tiene dos vertientes inseparables: es un derecho-prestaci?n, que legitima para recibir ense?anza, y es un derecho-libertad, que obliga a respetar la libertad de los padres.

El derecho a la educaci?n s?lo se satisface plenamente cuando se cubren esas dos vertientes: cuando los poderes p?blicos aseguran la escolarizaci?n de todos y cuando respetan la libertad de creaci?n y de direcci?n de centros privados ?dotados por su titular de un car?cter propio? y el derecho de los padres a elegir escuela para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones o preferencias morales, religiosas, filos?ficas y pedag?gicas. Por tanto, la educaci?n es un derecho que debe ser garantizado por las autoridades y que exige una oferta escolar plural. La ense?anza p?blica y la privada son complementarias, ambas imprescindibles para garantizar la libertad de ense?anza. Mientras m?s variadas sean las escuelas, m?s se perfecciona el derecho a elegir.

Misi?n de los poderes p?blicos

El Estado y sus autoridades educativas tienen la obligaci?n de determinar los niveles de la educaci?n obligatoria, dot?ndolos de los contenidos b?sicos para el desarrollo personal y para la integraci?n social y laboral; gozan de competencias sobre la ordenaci?n del sistema educativo; han de asegurar que la oferta educativa se realice de modo transparente, sin discriminaciones; y que los centros cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Pero los poderes p?blicos no tienen el derecho a educar a los ciudadanos, porque ese derecho corresponde a los padres, a quienes se ha de asegurar la libertad de decidir el tipo de ense?anza que desean para sus hijos, sin m?s l?mites que los impuestos por el ordenamiento constitucional: el respeto a los principios democr?ticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Fuera de este marco, nadie puede imponer a las familias la escuela p?blica o la privada; una ense?anza laicista o fundada en valores religiosos; escuela mixta o diferenciada; porque los padres son los titulares del derecho a elegir el centro que consideren id?neo para la educaci?n de sus hijos; y tambi?n son los padres quienes deben decidir si desean que sus hijos reciban ense?anza religiosa en la escuela.

Garant?a constitucional

El art?culo 27 de la Constituci?n espa?ola reconoce la libertad de ense?anza, que comprende, entre otros, el "derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formaci?n religiosa y moral que est? de acuerdo con sus propias convicciones". En rigor, la Constituci?n no establece o crea ese derecho, sino que lo reconoce como anterior al propio ordenamiento constitucional y lo garantiza.

Como ?mbito esencial de libertad, ha sido reafirmado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que lo ha interpretado como "una proyecci?n de la libertad ideol?gica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones", con los siguientes contenidos: derecho a la gratuidad en los niveles b?sicos y obligatorios; derecho de los padres a elegir centro docente, ya sea p?blico o privado; derecho de los centros privados a recibir fondos p?blicos, cuando re?nen los requisitos establecidos por la ley; derecho a crear y dirigir centros educativos; y derecho a definir el car?cter propio o ideario de los centros privados, que se extiende a los aspectos pedag?gicos y organizativos, no s?lo a los morales y religiosos.

Cuando hay demanda suficiente

La importancia del derecho a la educaci?n lleva a destinar una parte de los impuestos de los ciudadanos a financiar la ense?anza, en beneficio de las familias con hijos en edad escolar. Los poderes p?blicos siguen ese mandato social y pueden hacerlo de modos muy diversos: en Espa?a se hace con un sistema de conciertos econ?micos con los centros privados; pero tambi?n se podr?an establecer otras f?rmulas que garanticen la igualdad de oportunidades y la libertad de elecci?n por parte de las familias.

No es aceptable argumentar que, si los padres desean para sus hijos un centro privado deben pagarlo, porque el dinero p?blico no debe destinarse a proyectos privados. En realidad, propiamente no existe el dinero p?blico, sino fondos procedentes de los impuestos que pagan los ciudadanos y que garantizan el derecho a la educaci?n. Los centros p?blicos o privados no son m?s que el medio necesario para satisfacer ese derecho y la asignaci?n de esos fondos p?blicos est? plenamente justificada por las opciones libres de los padres, no por la titularidad p?blica o privada del centro al que acuden sus hijos.

Un buen indicio para saber si un servicio funciona bien es que tenga usuarios; por tanto, si un centro de ense?anza primaria o secundaria tiene demanda suficiente, los poderes p?blicos deben destinar los fondos necesarios para cubrir el coste real de la ense?anza en esas plazas escolares ?estimando su cuant?a de forma objetiva?, porque los padres tienen el derecho a la gratuidad con independencia del tipo de educaci?n elegido, siempre que los centros cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Como otras subvenciones

La gratuidad es un derecho constitucional que no ser?a leg?timo limitar a la red p?blica o a centros privados asimilados a las escuelas p?blicas, porque el sistema imponga limites inaceptables a la libertad de direcci?n, o impida desarrollar el proyecto educativo del centro o niegua al titular su derecho sobre la admisi?n de alumnos.

En definitiva, no puede extra?ar que se destinen fondos del presupuesto p?blico a la escuela privada, de la misma manera que se entiende bien que las administraciones p?blicas subvencionen la cultura, los libros, el cine, el teatro, el deporte, la creaci?n art?stica e incluso la sanidad. Se construyen polideportivos o casas de cultura, y se pagan cert?menes y exposiciones, en ocasiones con presupuestos elevados que benefician directamente a particulares, y se contratan hospitales privados para prestar servicios m?dicos gratuitos.

Escuela y convicciones

Cierto fundamentalismo laicista mantiene que un Estado laico no debe financiar un tipo de ense?anza religiosa o inspirada en principios morales que no son compartidos por la totalidad de los ciudadanos. Pero es falso que el Estado pueda ser leg?timamente laicista (entendido como antirreligioso o meramente arreligioso): el Estado constitucional espa?ol es, simplemente, aconfesional; esto es, no se determina en favor o en contra de una determinada visi?n filos?fica, religiosa o ideol?gica m?s all? de lo dispuesto en su propio orden constitucional. Y la sociedad, como tal, tampoco es laicista ni confesional, sino plural, con la variedad que resulta de las opciones libres de los ciudadanos y de los valores con los que se identifican.

La aconfesionalidad obliga al Estado a mantenerse neutral ante las opciones religiosas o agn?sticas de los ciudadanos, por lo que las autoridades p?blicas ser?an intolerantes si pretendiesen imponer al conjunto de los ciudadanos una opci?n laicista argumentando que algunos ?sean una minor?a, o la mayor?a social? no tienen fe religiosa.

En el Estado constitucional nadie est? legitimado para excluir las manifestaciones de la libertad religiosa de los ciudadanos. No se puede obligar a que las convicciones de las familias queden fuera de la escuela, sino que se debe hacer posible la existencia de centros que respondan al pluralismo de los ciudadanos, sin imponer una determinada ideolog?a ni manipular la libertad.

Pluralismo escolar

El derecho a elegir lleva unida, necesariamente, la libertad de crear escuelas y de dirigirlas con autonom?a, lo que da lugar a un aut?ntico pluralismo escolar y protege a cada persona y a la familia de un excesivo intervencionismo del Estado. El conjunto del sistema educativo ha de ser el resultado de las opciones libres de las familias y no el de una programaci?n cerrada o condicionada por criterios ideol?gicos.

En el caso de la escuela privada, el marco de referencia para la libre elecci?n de los padres es el car?cter propio del centro, que el titular garantiza como proyecto educativo coherente que compromete a cuantos forman la comunidad escolar. Los centros p?blicos deber?an gozar de amplia autonom?a para ofrecer tambi?n un proyecto docente coherente a los padres; esa autonom?a impulsar?a la calidad de la red p?blica, de la misma manera que se ha logrado en el caso de las universidades.

Las autoridades educativas, al planificar el sistema escolar, no pueden condicionar el derecho preferente de los padres a elegir centro educativo.

Un principio fundamental de la educaci?n exige adaptarse a las necesidades del educando. El sentido com?n, la fuerza de los hechos y la investigaci?n pedag?gica coinciden en que la natural diversidad de los alumnos no puede ser atendida adecuadamente con un modelo ?nico de ense?anza, por lo que no ser?a leg?timo imponerlo. Como ha subrayado el Tribunal Constitucional, la libertad de ense?anza se extiende tambi?n a los aspectos pedag?gicos y a los de organizaci?n escolar.

As? lo ha reafirmado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en sentencia de 10 de noviembre de 2004, en la que, refiri?ndose al derecho constitucional a crear y dirigir centros docentes, declara la legitimidad de ofrecer educaci?n diferenciada, porque la pretensi?n de imponer la coeducaci?n por decreto es "una vulneraci?n de un derecho constitucional susceptible de amparo" [ver Aceprensa 151/04]. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a en auto de 8 de octubre de 2004, suspendiendo varios art?culos de un decreto de la Generalitat y de las normas de desarrollo dictadas por la Consejer?a de Ense?anza.

La Convenci?n de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la ense?anza (1960, reafirmada en 1999) se?ala expl?citamente que no es discriminatorio "crear o mantener sistemas o establecimientos de ense?anza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que estos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la ense?anza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, as? como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes".

Contar con los padres

La experiencia de los pa?ses avanzados se?ala que la gesti?n del sistema educativo es demasiado compleja como para que pueda ser asumida en exclusiva por las autoridades p?blicas. Es m?s eficiente contar con los padres y con la iniciativa social, y m?s cuando ?al menos en Espa?a? el coste del puesto escolar en los centros privados es sensiblemente inferior al de los p?blicos.

La igualdad es uno de los presupuestos del derecho a la educaci?n en libertad. Pero asegurar la igualdad de oportunidades no debe confundirse con imponer un sistema uniforme de ense?anza, porque igualdad no es uniformidad. La experiencia demuestra que el trato uniforme a todos los alumnos no da buenos resultados, ni ayuda a que cada uno desarrolle sus cualidades, su capacidad de esfuerzo y aprenda a servir a los dem?s en una sociedad plural y en libertad.

El principio de subsidiariedad (fundamental para el gobierno de la Uni?n Europea) parte de la primac?a de la persona y de su capacidad de actuar libre y responsablemente, con un amplio margen de autonom?a; tambi?n reconoce la capacidad de la familia y de otras entidades surgidas de la vitalidad social para solucionar sus propios problemas.

Los centros privados alivian la sobrecarga de las administraciones educativas y la burocracia. Cuando las administraciones respetan la iniciativa social, est?n en mejores condiciones para proteger las libertades individuales, para mejorar los centros p?blicos y para atender aquellas necesidades a las que no llegue la iniciativa social, complet?ndola con programas que compensen las desigualdades sociales.

Se requiere una pol?tica flexible, capaz de adaptarse r?pidamente a las nuevas necesidades. Como subraya la UNESCO, "la educaci?n tiene que reaccionar seg?n el alumno y no seg?n el programa". Por eso, la pretensi?n de imponer un modelo escolar ?nico chocar?a contra la propia eficacia del sistema, adem?s de atentar a la libertad individual y social.

Se puede conseguir la igualdad de oportunidades potenciando las cualidades de cada alumno para que llegue al m?ximo nivel que permitan su capacidad y sus aspiraciones. El modelo de ense?anza que propugna una escuela ?nica, p?blica y laica sometida a las ideolog?as, est? anclado en el pasado y es regresivo: la sociedad se mueve hacia un creciente pluralismo ideol?gico y cultural.

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(1) Asociaci?n Nacional de Centros de Educaci?n Especial (ANCEE), Confederaci?n Espa?ola de Centros de Ense?anza (CECE), Confederaci?n de Estudiantes (CES), Confederaci?n Democr?tica de Estudiantes (CODE), Confederaci?n de Madres y Padres de Alumnos (COFAPA), Confederaci?n Cat?lica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Educaci?n y Gesti?n (EyG), Federaci?n Espa?ola de Religiosos de Ense?anza (FERE-CECA), Federaci?n de Sindicatos Independientes de Ense?anza (FSIE) y Uni?n Sindical Obrera (USO).


ACEPRENSA

15-06-2005
073/05

Adopci?n espiritual

Publicado por Galsuinda @ 8:32  | Derecho a educaci?n
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