Martes, 27 de junio de 2006



El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado la nulidad de una resoluci?n de la Conseller?a de Educaci?n e Ordenaci?n Universitaria, dada en octubre de 2003, que oblig? a un centro escolar femenino a escolarizar en ?l a un alumno. Se trata de la segunda sentencia que, en menos de un mes, ha resultado favorable a la educaci?n diferenciada en Espa?a. La anterior fue la del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc?a, el cual declar? que no se puede exigir que los centros concertados sean mixtos (ver Aceprensa 68/06).

La decisi?n del TSJ de Galicia ha tenido lugar despu?s de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociaci?n titular del Centro Educativo Aloya (Vigo), en el que -entre otros argumentos- se alegaba la violaci?n del art?culo 27.6 de la Constituci?n (libertad de creaci?n de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales).

Los jueces recuerdan que "desde una perspectiva estrictamente jur?dica en nuestro ordenamiento jur?dico no existe una prohibici?n general de la ense?anza o educaci?n diferenciada. En efecto, en los textos legales de nivel org?nico que desarrollan el derecho fundamental a la educaci?n, a la hora de definir los criterios y principios que deben regir en el proceso de admisi?n de alumnos en centros p?blicos o financiados con fondos p?blicos no se introduce ninguna discriminaci?n por raz?n del sexo".

La sentencia insiste tambi?n en que la prohibici?n de la educaci?n diferenciada no est? contemplada en los textos internacionales. En este sentido, cita el art?culo 2.a de la Convenci?n relativa a la lucha contra la discriminaci?n en la esfera de la ense?anza, adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia general de las Naciones Unidas para la educaci?n, la ciencia y la cultura, en vigor en Espa?a desde el 20 de noviembre de 1969.

Respecto al car?cter femenino del colegio demandante, los magistrados entienden que ?ste "se integra en la perspectiva positiva del derecho a la direcci?n del centro, directamente derivado de la libertad de creaci?n de centros docentes (art?culo 27.6 de la Constituci?n), recogido por las sentencias del Tribunal Constitucional de 13 de febrero, 8 de abril de 1981 y 27 de junio de 1985".

Otro argumento con el que el Tribunal fundamenta la nulidad de la resoluci?n recurrida es el siguiente: "Si el derecho a la libertad de ense?anza, definido en nuestra Constituci?n espa?ola, implica el reconocimiento de un derecho de los titulares de centro docentes privados a la direcci?n de los mismos, y ese derecho de direcci?n y de creaci?n supone la posibilidad de definir el car?cter propio del Centro y marcar o dise?ar los contornos o l?neas de su car?cter propio o personalidad educativa, hemos de admitir que uno de ellos pueda ser el de asumir como forma propia de su proyecto educativo el de ofrecer una educaci?n diferenciada para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, que no ser?a considerada discriminatoria en los t?rminos de la Convenci?n de la UNESCO antes aludida si el ordenamiento jur?dico del Estado la admite o no la proh?be".

Por todas estas razones, el Tribunal entiende que la resoluci?n de la Conseller?a de Educaci?n e Ordenaci?n Universitaria es contraria al ordenamiento jur?dico.

Juan Meseguer Velasco

ACEPRENSA


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Publicado por Galsuinda @ 14:58  | Derecho a educaci?n
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