S?bado, 23 de agosto de 2008


Afecta a 10.000 familias. La medida del Gobierno para incentivar la natalidad no reconoce a las casadas con españoles que no acrediten dos años de residencia en España.

M. L. Nalda

El ministro de Economía aceptó a regañadientes la medida a favor de la natalidad que presentó hace un año el presidente del Gobierno. Zapatero anunció una ayuda de 2.500 euros para las madres que desde el 1 de julio de 2007 alumbraran a su hijo, con un plus adicional de mil euros si se trataba de adopciones, madres solteras o recién nacidos con algún tipo de discapacidad. A los ojos del Vicepresidente Económico, el cheque bebé supone un gasto estructural añadido para las cuentas del Estado, partida que se asume fácilmente en tiempos de bonanza pero no cuando las Cuentas Públicas atraviesan tiempos poco boyantes.
  
No obstante, la medida del Ejecutivo no iba muy desencaminada si se tiene en cuenta que el resto de Europa –en situación demográfica menos vertiginosa que la de España– ya se habían adoptado medidas de urgencia mucho más generosas que los 2.500 euros de Zapatero. La bajada en el número de nacimientos se ha paliado levemente en los últimos años gracias a los hijos de los inmigrantes, pero no todas las madres extranjeras con hijos españoles van a recibir el montante prometido por el Gobierno.
  
La ley contempla que para ser beneficiarias deben acreditar un período de residencia legal en España de forma continuada y efectiva durante, al menos, dos años. Este requisito ha dejado fuera a más de 10.000 madres, tanto comunitarias como extracomunitarias, según los datos que acreditan las asociaciones creadas contra este factor de discriminación.

No habrá cambios
Los padres que han iniciado la ronda de reclamaciones acumulan explicaciones de tres ministerios. El de Igualdad se disculpa mediante misiva y reconoce –valga la redundancia— "la desigualdad" pero deriva la causa a Trabajo e Inmigración. La burocracia puede llegar hasta Economía y Hacienda pero la respuesta es la misma: la ley es la ley, y no habrá cambios.
  
Los afectados argumentan que  las ayudas para la madre revierten en los hijos y, siendo éstos españoles, se da lugar a un agravio comparativo en contradicción con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Alegan, además, que una pareja de varones homosexuales, siendo uno de ellos extranjero, puede elegir quién de los dos se lleva el cheque-bebé.
  
Según pudo conocer LA GACETA (información de 26 de junio de 2008), el Defensor del Pueblo está dando la razón a los cónyuges de matrimonios mixtos al observar un factor de discriminación sobre los hijos españoles, de padre español y con residencia en España. La recomendación dirigida a Hacienda fue rechazada, por tanto, el último paso que les queda a los afectados es el Tribunal Constitucional, si bien, existen pocos visos de que su reclamación prospere.

Publicado en Gaceta


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