Es potestad y deber del Estado y fundamento del Estado de Derecho, velar por la integridad física, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Para ello, el Estado recibe del pueblo el mandato de gestionar los servicios públicos tendentes a garantizar estos bienes sociales. Desde hace 20 años, el Estado está haciendo dejación de sus funciones en el caso de miles de sus ciudadanos que no tienen aún capacidad de ejercer sus derechos y necesitan especial protección de su parte. Se trata de los ciudadanos que viven en el seno de sus madres por motivo de su formación y preparación para integrarse en el mundo exterior. Estos miles y miles de ciudadanos están siendo vilmente discriminados y destruidos so pretexto de una ley injusta, ilegítima y, más aún, fraudulenta en el 98% de los casos. Y todo ello con conocimiento y consentimiento de los poderes públicos y al margen de la voluntad expresa del 65% de la población que, según una encuesta del Grupo Intereconomía de noviembre 2006, desea que el aborto sea sustituido por la adopción. Esto vulnera la esencia misma del Estado de Derecho y las conciencias de millones de personas.

Por ello, y considerando la transferencia de competencias en esta materia a las Comunidades Autónomas, la Asociación UNIDOS POR LA VIDA propone y solicita del gobierno de todas las Comunidades Autónomas la elaboración de una Ley de Protección de la Infancia en Gestación , y la puesta en marcha de políticas de acogimiento y adopción de los niños no-deseados en riesgo de aborto.

ANTECEDENTES:

Desde hace años, las Comunidades Autónomas se han erigido en subsidiarias de la potestad de los padres sobre la vida y seguridad de sus hijos menores. Por ello se realizan políticas de acogimiento y adopción de niños que la Comunidad considera están siendo desatendidos o agredidos por sus padres. Tal es, claramente, el caso de los hijos no-deseados abocados al aborto. Sin embargo, en este caso, las Comunidades y los poderes públicos en general, abjuran de sus obligaciones, facilitando incluso el asesinato de los niños en gestación con dinero de los contribuyentes, la mayoría de ellos contrarios a tal práctica aberrante. Más aún, es público y notorio que la gran mayoría de estos abortos son fraudulentos e ilegales, lo que hace al Estado culpable de prevaricación y malversación de caudales públicos. Todo ello es un escándalo sin precedentes, que cada año causa unas 100.000 muertes y gravísimas e incalculables secuelas físicas y psíquicas a los progenitores de los niños abortados (2) .

Propuesta:

El proyecto que proponemos parte de los siguientes presupuestos:

•  que las mujeres que solicitan un aborto lo hacen por un sentimiento de discapacidad para sacar adelante la vida de un hijo;

•  que ante esta discapacidad no reciben la necesaria ayuda ni información del Estado;

•  que optan por eliminar la fuente de su sensación de discapacidad: su hijo;

•  que este comportamiento es claramente contrario a la ley e injustificado dentro de los supuestos de despenalización del aborto y no puede ser tolerado por el Estado;

•  que el Estado, pues, debe asumir la potestad de los padres sobre ese hijo que va a ser maltratado y agredido en grado sumo;

•  que las Comunidades Autónomas deben tutelar a ese niño en régimen de acogimiento durante su gestación, y, en caso necesario, en régimen de adopción después de su alumbramiento, si los padres siguen sintiéndose discapacitados o desmotivados para asumir su cuidado y educación.

•  Que las CCAA deben, pues, sufragar los gastos que la vida de ese niño requiera, durante su etapa de gestación, asistiendo a su madre en sus necesidades vitales.

•  Que tras su alumbramiento, deben gestionar la adopción de ese niño por personas idóneas, que esperan desde hace años en largas listas de espera poder adoptar un niño.

POR TODO ELLO proponemos abrir un debate social sobre LA ADOPCIÓN COMO ALTERNATIVA AL ABORTO y pedimos a los poderes públicos: 

1. La articulación de políticas de acompañamiento y adopción específicas para mujeres con embarazos no-deseados (desarrollando la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, desde la especialidad),
2. La reforma o eliminación de los actuales impedimentos para la adopción nacional (derecho del menor a conocer sus orígenes, ratificaciones judiciales reiteradas de la madre, etc.),
3. El control del cumplimiento de la Ley en materia de aborto, especialmente en cuanto al primer supuesto de “grave riesgo para la salud materna” y al supuesto de malformaciones fetales, así como la penalización del quienes incitan y/o practican abortos fraudulentos.
4. Para ello proponemos la recuperación de Comisiones de Evaluación, reguladas en la L.O. 9/1985 de despenalización del aborto, formadas por un órgano colegiado.
5. La realización de campañas institucionales para promover la adopción nacional en mujeres con embarazos no-deseados, así como campañas institucionales sobre los recursos disponibles para madres gestantes (IMI, etc.).
6. La asignación de los recursos suficientes, incluyendo plazas residenciales, a las mujeres con embarazos no-deseados, hasta su alumbramiento.

Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a toda la sociedad a adherirse a este PROYECTO ADOPCIÓN , a través de www.unidosporlavida.org.

El PROYECTO ADOPCIÓN cumplirá, así, un quíntuple fin:

1. Salvar la vida de un niño indefenso e inocente,
2. salvar a sus progenitores del Síndrome Post-aborto (ver www.nomassilencio.com )
3. acabar con la mafia del aborto y el ingente dinero negro que mueve, explotando a las mujeres y matando a sus hijos;
4. dar un servicio a miles de parejas que desean adoptar un hijo y deben hacerlo por otros medios mucho más costosos y traumáticos; y por último,
5. exonerar al Estado español y a toda la sociedad de la responsabilidad que actualmente tienen en el derramamiento de tanta sangre inocente.

20 de noviembre de 2006 

Día Universal de la Infancia

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(1) execración: pérdida del carácter sagrado de un lugar, sea por profanación o por accidente. Execrar: condenar y maldecir con autoridad sacerdotal o en nombre de cosas sagradas. 

(2) ver www.nomassilencio.com